Por: Jorge Rendón Vásquez
La democracia es un sistema por el cual los ciudadanos de un Estado–nación, considerados iguales ante la ley, deciden por su voto la forma de gobierno que quieren darse y eligen a quienes habrán de aprobar las leyes y administrar el Estado. Es, según una definición ya clásica, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (Abraham Lincoln, Gettysburg, 1863). El pueblo es el conjunto de ciudadanos.
La democracia como noción
La noción de democracia ha sido plasmada en la ley fundamental del Estado o Constitución que todos están obligados a acatar como la condición de su pertenencia al Estado–nación.
La humanidad llegó a esta noción luego de milenios de creer que el poder de mandar en los imperios, reinos, principados y otras circunscripciones territoriales pertenecía a los reyes y a la nobleza por derecho divino, reconocido o santificado por los altos jerarcas de las iglesias. Las leyes y otras disposiciones obligatorias, casi todas arbitrarias entonces, emanaban de estos personajes, y los miembros del gobierno que ellos designaban las hacían cumplir de la manera más brutal, sobre todo cuando las aplicaban a las personas de más baja condición social. Casi todos los habitantes en esos tiempos creían que esa forma de gobierno era normal y que así debía ser, y colaboraban con los reyes, nobles, Iglesia y fuerzas represivas en la aplicación de las decisiones de estos, aunque fueran en su perjuicio.
Llegar a la implantación de las nociones de igualdad de todos ante la ley y de gobierno del pueblo por el pueblo en una parte creciente del pueblo le tomó a la intelectualidad burguesa europea más de doscientos años, luego de lo cual sus partidarios asumieron el poder del Estado y desde allí las aprobaron como leyes. En adelante, el Estado aseguró esta forma de ser social. Los países donde esto sucedió, hacia fines del siglo XVIII, fueron las colonias inglesas de América del Norte, convertidas en los Estados Unidos, y Francia. A estas nociones se asoció en Francia la vindicta de las clases subyugadas contra los reyes, nobles y sus sujetos que los habían tiranizado, resultante de su odio acumulado durante siglos, que entre 1789 y 1793 hizo rodar más de 50,000 cabezas.
Luego la noción de democracia fue asumida por los pueblos de otros Estados y se generalizó en el mundo, tras décadas de luchas, ejercicio y retrocesos.
El funcionamiento de la democracia
A la noción básica de democracia se añaden las que determinan su vigencia o cumplimiento efectivo, que exige: la creación en el Estado de ciertas dependencias encargadas de la organización de los actos de votación por los ciudadanos; la existencia de partidos políticos que postulan la representación de los ciudadanos; y la manera como estos entienden qué es la democracia y por quiénes deben votar en los comicios.
Por pequeña que sea la población de un Estado no es posible reunir a sus ciudadanos en asambleas. Deben haber, por lo tanto, ciertos órganos estatales encargados del reconocimiento de la ciudadanía, la inscripción de los grupos o partidos políticos, la organización de los comicios y la solución de las controversias. Los integrantes de estos órganos deben ser imparciales.
Tampoco es posible en los Estados, la elección directa por los ciudadanos de las personas que quieran que los representen. Han surgido para ello los partidos políticos con la función de presentar a los candidatos por los cuales deberán votar los ciudadanos para la conformación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y, en el Perú, de los gobiernos regionales y locales o concejos municipales.
Además, se ha hecho obligatorio el voto por la necesidad de fundar la dirección del Estado en la voluntad colectiva de los ciudadanos y porque la democracia no solo atribuye derechos sino también obligaciones, y una de las más importantes es la de participar en la conformación de los órganos electivos del Estado.
Sin embargo, en la realidad social, la democracia no se comporta tan esquemáticamente. Hay ciertos hechos que la distorsionan, dando lugar a la elección casi cautiva de ciertos candidatos cuyas intensiones difieren de las de sus votantes y, en muchos casos, son inconvenientes o perjudiciales para estos.
Uno de ellos consiste en que la noción de democracia en los ciudadanos no es unívoca. Depende de lo que cada uno crea que ella es y de la manera como considere que él deba o pueda intervenir. Y esto es muy variable: va desde la ausencia de esa noción en numerosos ciudadanos hasta un conocimiento teórico y práctico muy completo en algunos. Esto implica que la mayor parte de ellos decide su voto por la obligación de votar y, en gran medida, por la propaganda de los partidos más organizados y ricos y sus candidatos.
La realidad histórica demuestra que la mayor parte de ciudadanos, luego de las declaraciones de derechos del fines del siglo XVIII, se fueron sumiendo en el desconocimiento de la democracia, en la indiferencia ante ella y en la impotencia, y dejaron actuar a los grupos que asumieron el poder político o se quedaron en él más allá de los períodos legales, contra las leyes y la voluntad popular o respaldados por las armas del ejército y la policía. Tales fueron los casos emblemáticos de Napoleón Bonaparte, quien se coronó él mismo como emperador en 1804, y de los reyes en Francia en 1815 y 1830, y de los innumerables dictadores de América Latina y otras latitudes.
Los dos momentos de la democracia
En la práctica de la democracia hay dos momentos: el preelectoral y el de la actuación de las personas elegidas.
Los actores del primer momento son los partidos políticos inscritos. Son ellos los titulares de la facultad de seleccionar a los candidatos, inscribirlos en los registros pertinentes y organizar las campañas de propaganda para tratar de convencer a los electores de que voten por ellos. Legalmente, los partidos son conjuntos de ciudadanos que cumplieron los requisitos para obtener la personería política; en nuestro país, acreditar cierto número de afiliados, contar con cierto número de comités y locales, tener un ideario o programa y una dirección. En realidad, los partidos son creaciones de algunos grupos de las clases sociales para acceder al poder del Estado y, desde este, aprobar las leyes y otras disposiciones convenientes a los intereses de sus miembros, incluida la corrupción en algunos partidos. Como el costo de su funcionamiento: en organización, empleados, locales, viajes, hoteles, pago de derechos, propaganda y otros, es, por lo general, elevado, son los grupos de mayor poder económico los que pueden promoverlos y financiarlos. En cambio, a las clases sociales dependientes o a los grupos salidos de estas o identificados con ellas no les ha sido posible, por lo menos hasta ahora en el Perú, ni siquiera convencer al número de ciudadanos requerido para la inscripción de un partido político y, menos aún, para que cubran el pago de los gastos, con lo cual quedan fuera de la lid electoral. Los electores de las clases sociales de menores recursos con cierta conciencia política lo advierten y optan por otras opciones legalmente posibles que consideran menos malas.
En consecuencia, el primer momento de la democracia se caracteriza por las campañas de propaganda de los partidos políticos para convencer a los electores que voten por sus candidatos. La función de los electores es pasiva. Para obtener sus votos, desde comienzos de la práctica de la democracia han sido elaboradas ciertas técnicas basadas en la nula o insuficiente noción de democracia en los ciudadanos de las clases de menor poder económico, que conforman la mayor parte de electores, una forma de alienación y procedimiento comercial de manipulación. Su resultado es la elección mayoritaria de los candidatos de los partidos representativos de los grupos económicos de mayor poder. El caso más aberrante de esta manera de decidir de los electores fue el de Alemania en 1933 que invistió a Adolfo Hitler de la plenitud de poderes del Estado, decisión con la que él y su partido nazi precipitaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial y al asesinato de más de seis millones de judíos por las tropas del ejército y las SS.
En el segundo momento de la democracia, los políticos que asumen la dirección de los órganos del Estado proceden a operar según los intereses de los grupos que los postularon o, desvinculándose de estos, de otros grupos o de sus conveniencias y ventajas personales, puesto que, según la Constitución, ellos representan a la Nación y no hay normas que ciñan ese mandato a los intereses y preferencias de quienes los inscribieron y tampoco a los de quienes les confirieron el mandato con su voto. En otros términos, los políticos elegidos reciben una autorización para legislar y gobernar como ellos quieran, o una carta en blanco regida por las exiguas normas de la Constitución sobre la manera de comportarse y sin la obligación de responder por sus votos y decisiones si transgreden sus compromisos y promesas.
En este momento, los electores pierden totalmente protagonismo. Su opinión queda en su fuero interno y, por lo tanto, deja de interesar. La contienda verbal en los órganos colegiados del Estado y en los medios de prensa tiene como actores a los políticos elegidos y a los periodistas, opinólogos y otros personajes que los sirven, que se atacan, malquistan, injurian y defienden: un espectáculo permanente que llena las páginas de los diarios y revistas y los espacios de la TV, y que se vende con los chismes de la farándula, el fútbol y la crónica policial. Es obvio que sus críticas y diatrivas jamás culpan a los electores que pusieron a esos políticos en los cargos estatales. Estos ya son nadie, y solo algunos los imaginan como remotos o fantasmagóricos testigos que declararán por sus votos en el próximo proceso electoral, aunque ya se sabe que en este la manipulación podrá imponer a otros candidatos.
En muchos otros Estados es también así, aunque en los subdesarrollados económica y culturalmente las transgresiones a la Constitución, disfrazadas frecuentemente con atuendos legales, son normales. Por lo demás, siempre les es posible a muchos políticos elegidos convalidar sus hechos ilegales, sobre todo su enriquecimiento ilícito y el de sus parientes y amigos a expensas de los caudales del Estado, valiéndose de los órganos judiciales y electorales proclives a apartarse de la ley y al impulso de abogados fértiles en sofismas.
¿Qué hacer, entonces?
La democracia podría avanzar hacia estadios de mayor conciencia en las mayorías electoras y de perfeccionamiento del mandato recibido por los políticos elegidos. El factor fundamental de su vigencia real es la conciencia que de ella tenga la mayor parte de la ciudadanía. Pero para ello deben concurrir varios factores: una educación acendrada y extensa de los niños y adolescentes; una información veraz y ausente de manipulación por los medios de prensa; un sistema de formación profesional compatible con el progreso material e intelectual de nuestra sociedad; una labor pedagógica del Estado, los partidos políticos democráticos y las organizaciones que se creen para este fin sobre el significado y el funcionamiento de la democracia; y una visión más realista en los intelectuales y estudiantes universitarios que a la larga lops mueva a la acción.
Los programas políticos deberían servir para la promoción de la economía, el aumento de la riqueza, la necesidad de dar empleo, una distribución más equitativa del producto, la eliminación de la corrupción, disponer de servicios públicos más extendidos y mejores, incluida una solución rápida y ajustada a las leyes de los conflictos legales, sin lugar para las utopías, sino solo para los cambios que la realidad social requiera.
Addenda
En nuestro país hay una grave anomalía concerniente a los partidos políticos y a los candidatos que ellos presentan. Luego de ser estos elegidos nada obsta para que se aparten del partido al que pertenecen o que desacaten sus disposiciones, no obstante que sin la postulación por ese partido no habrían podido competir, y perdiéndose de vista que son los partidos las agrupaciones con personería política y no sus candidatos. En todo caso, queda entendido que estos se comprometen a promover el ideario y los proyectos de sus partidos en el ejercicio de la función legislativa, ejecutiva, regional o municipal. Una exclusión del representante elegido del partido que lo postuló, por renuncia o causa grave legalmente definida, debería implicar su retiro de la función legislativa o de otro orden y su reemplazo por el accesitario declarado. Sería esta una manera de establecer cierto orden y limpieza en el funcionamiento de la democracia en nuestro país.
Además, por la importancia de las funciones electivas, se debería sancionar penalmente a los políticos elegidos que infrinjan la Constitución con sus votos y hechos.
(Comentos, 2/3/2024)